José Antonio Villar García, empleado municipal, depurado y expulsado con la firma de Carranza que el alcalde García con buena fe quiere recuperar
José Luis Gutiérrez Molina es historiador y psicólogo. Por su trayectoria y experiencia vital de los últimos veinte años quizás sea una de las personas que más han trabajado y estudiado lo ocurrido en Cádiz, sí en Cádiz, en el triste verano y otoño de 1936, los hechos ocurridos tras el cruento golpe de Estado. Precisamente hoy nos trae una experiencia y relato muy valioso para que los gaditanos y gaditanos de 2024, que incluyen, por qué no, a los niños de 13 años que viajan inocentes en un autobús de línea con una sudadera del Cádiz CF, sepan bien a las claras lo que suponía el ordeno y mando de la firma de Carranza en un documento público. Un documento, como este, que sirvió para que el Carranza alcalde de Cádiz en septiembre de 1936 fuera cesado fulminante de su condición de empleado público simplemente por apoyar al Frente Popular, una coalición de partidos que con más del 60% de los votos se había hecho con la alcaldía de Cádiz.
El caso de Villar García de Movellán por José Luis Gutiérrez Molina
Los franquistas, y la derecha en general hacen bandera de un supuesto “apoliticismo” que no es más que ser eso, de derechas. En el verano de 1936 no pensaban así. Fue lo que le ocurrió al empleado municipal Villar García de Movellán, depurado en agosto de 1936 y readmitido a finales de 1939.
José Antonio Villar García de Movellán era auxiliar de la lonja del mercado que estuvo entre los primeros depurados. Fue uno de los que no se resignó y, en marzo de 1939, presentó ante el ministerio de Gobernación franquista una solicitud de reingreso. Villar había nacido en 1900 en Puerto Real, vivía en la calle Encarnación, estaba casado y tenía tres hijos. Ingresó en el ayuntamiento en octubre de 1934 como auxiliar de la lonja de verduras y fue separado de forma definitiva, en virtud de la circular gubernativa, en octubre de 1936. Siempre negó haber pertenecido a ningún partido de izquierdas o haber colaborado con el Frente Popular.
En septiembre de 1936 presentó un recurso que le fue denegado. En 1939 el ayuntamiento se dirigió al Gobernador Militar y a los diversos servicios de información de los diferentes organismos ya franquistas para pedirle todos los informes y datos que tuvieran sobre Villar y su depuración. Como instructor fue nombrado el gestor Manuel Salamea quien le citó para declarar.
Villar reconoció que había pertenecido durante unos meses a IR para poder ascender dentro del trabajo, pero que nunca había sido activo. Tampoco había votado por no estar inscrito en el censo. En julio de 1936 había permanecido en su puesto de trabajo y se reincorporó el lunes 20 a primera hora. Mientras habían ido llegando los informes policiales y de las otras instituciones franquistas; confirmaban lo que había declarado: no estaba en el censo y su afiliación a IR había sido del mismo julio de 1936. Además, decían que tenía fama de buen trabajador y fiel cumplidor de sus obligaciones.
Salamea presentó su informe el 19 de septiembre. Concluía que, por su pertenencia a IR, su cese había sido llevado a cabo regularmente en virtud de la circular gubernativa. Pero propuso que el tiempo pasado y la ley de marzo de 1939 permitían que Villar fuera repuesto. Así quedó aprobado en el pleno municipal de unos días más tarde.
Eso sí, consideraba que el tiempo separado, más de tres años, era una sanción justa por su pertenencia a IR durante 17 días de julio de 1936 no tenía derecho a el devengo de los sueldos de esos años.