El trágala de la memoria: Cádiz entre el pasado y la ley

En Cádiz, dos cambios de nombre generan un debate sobre la aplicación de la Ley de Memoria Democrática y la preservación del acervo cultural local.

Por más de medio siglo, una calle gaditana del caso antiguo llevó el nombre de Corneta Soto Guerrero, un joven soldado, de nombre Rafael, que participó en el golpe de estado de 1936 y que según pasó a la historia, fue la única víctima de las fuerzas golpistas durante el asalto al Gobierno Civil el 18 de julio de 1936.  Esta denominación de la calle estuvo fuertemente arraigada en la denominada actualmente generación del baby boom y también en el imaginario popular.

Certificado de defunción de Rafael Soto Guerrero. Documento del archivo documental del historiador José Luis Gutiérrez Molina.

Sin embargo, en 2021, en cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica vigente, que no se olvide, se cambió su nombre por uno completamente distinto, en este caso el de Periodista Emilio López. Paralelamente, un edificio público, nuestro Estadio, de propiedad municipal, que no se olvide, y que durante más de 50 años llevó el nombre de un alto cargo franquista y también gestor en Portugal del golpe de estado de 1936, también vio modificada su denominación en el mismo año.

Ambos casos representaban situaciones similares: nombres arraigados en la cultura local que hacían referencia a figuras vinculadas al régimen franquista y llegada de la dictadura y que fueron modificados en cumplimiento de la ley.

Sin embargo, en 2024 surge una contradicción. Mientras que el cambio de nombre de la calle cercana al Muelle de Cádiz parece haber sido aceptado, hay voces que abogan por recuperar el nombre del edificio público, argumentando que «estamos tan acostumbrados» a la denominación anterior que ha superado cualquier incumplimiento de cualquier ley. La influencia y peso social de estas voces y, por qué no decirlo, su poder, han obligado a ciudadanos como este que escribe a reaccionar y constituir la plataforma Carranza incumple: No en mi nombre.

Esta disparidad en el tratamiento de casos similares plantea interrogantes sobre la coherencia en la aplicación de la Ley de Memoria Democrática y sobre los criterios utilizados para determinar qué nombres deben permanecer y cuáles deben ser cambiados.

¿Es el arraigo cultural suficiente justificación para mantener nombres que contravengan la ley? ¿Cómo se mide este arraigo?

Reconozco que, si paseo por Cádiz, y voy de la plaza de las flores a Columela, mi instinto me llevaría a buscar qué hay ahora en el local de Sports Play en la Calle Soto Guerrero. Para mí, esa calle siempre será Corneta Soto Guerrero, pero eso no tiene nada que ver con reconocer, aceptar y estar de acuerdo en que el cambio está plenamente aceptado y que mis hijos, tus hijos, nuestros hijos, no deben esperar más de cincuenta años como nos ha pasado a miles de gaditanos en conocer que esa calle daba nombre a una persona vinculada con el golpe de estado y la represión posterior del casi centenar y medio de gaditanos que fueron fusilados en los fosos de Puerta Tierra. Lo mismo me pasa cuando voy a nuestro Estadio, si, pienso en silencio que voy a Carranza, pero solo en silencio. Maldigo en mi fuero interno las mentiras que me tuvieron ocultas durante más de cuarenta años durante este siniestro personaje, Ramón, Don Ramón incluso, para algún concejal gaditano. Las maldigo con todas mis fuerzas.

¿Por qué se acepta el cambio en un caso y se cuestiona en otro?

Manuel Vizcaíno, el dueño (eso nos dicen) del paquete de acciones mayoritarias de nuestro Cádiz CF, y el alcalde García coinciden en que ellos quieren que sea Carranza por un acto de buena fe. Es una marca dicen. No se lo creen ni ellos. Uno más que otro, pero los dos saben que Carranza en Cádiz es el Cádiz CF, es el estadio del Cádiz CF y que, al mismo tiempo, es el apellido, el primero, de la filiación del alcalde golpista y represor de cientos de gaditanos y gaditanas. Solo tienen que leer e informarse. Ellos saben más y mejor que nadie que lo que pretenden es un trágala de manual, un fraude de ley, por no hablar en términos jurídicos de una presunta prevaricación para el equipo del alcalde García.

Estas preguntas ponen de manifiesto la complejidad de conciliar la memoria histórica con las tradiciones locales y la necesidad de un debate público informado sobre estos temas.  Una complejidad que, de tener buenos dirigentes y personas, se solucionaría con buena fe. De la buena, no de la mala, que es con la que pretenden cambiarnos blanco por negro y con la  que incluso obligan a desdecirse a todo un teniente de alcalde a las seis horas de unas palabras tranquilamente expresadas, que hemos escuchado todos,  y que no necesitan explicación: Carranza incumple.

Eso sí, y siempre, que cada uno llame al estadio y a las calles como les plazca, pero las leyes hay que cumplirlas: por respeto a los muertos y por respeto a los vivos, pero, lo más importante, por pedagogía democrática y por respeto a las generaciones futuras.

José María de la Hera M.

Plataforma Carranza Incumple