Según la Ley de Memoria Democrática, específicamente en su artículo 35, no es posible eludir las disposiciones que prohíben el uso de nombres asociados con el régimen franquista en edificios públicos. La ley establece expresamente la obligación de retirar símbolos, nombres y elementos que ensalcen la sublevación militar y la dictadura franquista de los espacios públicos, como es el estadio municipal de la ciudad de Cádiz.
Incluso si una marca comercial intenta utilizar su nombre para un edificio público, si dicho nombre está vinculado a figuras o eventos relacionados con el franquismo, la ley seguiría aplicándose. La normativa busca preservar la memoria de las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura, y evitar la exaltación de elementos contrarios a la memoria democrática
Dicen las voces que, por ignorancia o connivencia, quieren recuperar el apellido Carranza como marca “Estadio Carranza” que se puede porque así lo ha permitido el Registro de patentes y marcas y que si no fuera posible no se hubiese permitido. Argumento inválido a todas luces pues las dos leyes, la estatal y la autonómica, que buscan la reparación de la memoria democrática hacen referencia a edificios públicos, pero también a los edificios privados, pero con proyección a un espacio o uso público.
Saben las voces que utilizan tan peregrino argumento que existen marcas como Carranza SL, Alimentos Carranza, Funerarias Carranza, Carranza: todo para mascotas, o por ejemplo: Carranza Miel: Productor artesanos? ¿Saben que existen como registradas las marcas Conservas Sanjurjo o Abogados Sanjurjo? ¿O Recreativos Franco o Casa Franco?
De verdad, qué tendrá que ver que te acepten una marca que el registro no sabe para qué va a servir a que esta se use para denominar un edificio público. Lean, por favor, lean.
Por último, y para recordar, dos términos jurídicos que se usan casi siempre con mucha ligereza, si bien, aquí en esta ocurrencia de querer justificar la vuelta del apellido Carranza al Estadio de la ciudad de Cádiz con una marca.
Fraude de Ley
El fraude de ley ocurre cuando una persona utiliza una norma legal de manera aparentemente legítima para evitar la aplicación de otra norma que debería ser la aplicable. En otras palabras, es una maniobra para burlar el verdadero propósito de la ley, utilizando una ley de cobertura para disfrazar una conducta que, aunque no está prohibida explícitamente, va en contra de los principios y objetivos de la ley que se pretende eludir. Un ejemplo clásico es cuando se disfrazan donaciones como compraventas para evitar impuestos.
Prevaricación
La prevaricación es un delito que comete una autoridad, juez u otro funcionario público cuando dicta una resolución arbitraria en un asunto administrativo o judicial, a sabiendas de que es injusta. Es decir, se trata de una acción deliberada y consciente de actuar de manera contraria a la ley, aprovechando una posición de poder. Este delito busca proteger la integridad del sistema legal y la confianza pública en las instituciones, sancionando el abuso de autoridad y la corrupción.
O es ignorancia o es connivencia. Lean por lo menos.
Algunas cosas que son así porque siempre fueron así, deben cambiar para seguir progresando.
